IA para el sector público, desde la atención al ciudadano hasta la contratación, el conocimiento interno y la vigilancia regulatoria.

El Artículo 49 del Reglamento (UE) 2024/1689 obliga a las autoridades públicas que despliegan IA de alto riesgo del Anexo III a inscribir el sistema en la base de datos pública de la UE antes de su puesta en servicio. La inscripción cubre el proveedor, el desplegador, la clasificación de alto riesgo, la finalidad y la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales. La presentamos durante la fase de construcción y la mantenemos actualizada.

La contratación es la primera conversación, no la última. En la fase de descubrimiento identificamos la vía adecuada: un acuerdo marco que el organismo ya posea, un sistema dinámico de adquisición, una asociación para la innovación según el artículo 31 de la Directiva 2014/24/UE, o un concurso de proyectos. El plan de construcción se alinea con esa vía.

Sí, cuando el pliego admite PYMEs y especialistas individuales. Cumplimos la declaración estándar (DEUC), seguros, ausencia de motivos de exclusión y conflicto de intereses. Para acuerdos marco multi-adjudicatario nos asociamos con un contratista principal y asumimos los lotes específicos de IA.

Cada sistema soporta el idioma o idiomas oficiales del organismo desplegador, incluyendo español, lituano, alemán, francés y los demás idiomas oficiales de la UE. Las cadenas de cita, los registros de auditoría y la interfaz al ciudadano están localizados y revisados por un traductor humano antes de la puesta en servicio.

Cada decisión que afecta al ciudadano lleva una motivación citada. El ciudadano puede solicitar la cadena subyacente: política o ley de origen, versión del sistema, empleado público que firmó cualquier paso no trivial. La interfaz para esa divulgación es parte del entregable, no un proceso manual de back-office.

El artículo 22 prohíbe que las decisiones con efectos jurídicos o significativamente similares se tomen exclusivamente de forma automatizada. En el sector público, la vía segura es humano en el bucle para toda decisión que afecte derechos o prestaciones del ciudadano. La IA estructura el paquete de decisión, el empleado público competente firma con posibilidad de modificar. Cada modificación se registra con códigos de motivo.

Por defecto, todo el procesamiento y almacenamiento se realiza en regiones de la UE sobre infraestructura bajo jurisdicción de la UE. Soportamos el anclaje por Estado miembro cuando un regulador o contrato lo exige (sólo España, sólo Francia, sólo Alemania, sólo Lituania). No entrenamos ningún modelo con datos de ciudadanos, punto.

Un primer proyecto se enfoca en un flujo con baseline medible, dura de 4 a 12 semanas hasta producción y se entrega como un sistema firmado dentro de una plataforma de referencia. Alcances típicos: asistente de admisión al ciudadano para una línea de servicio, automatización documental de contratación para una categoría de pliegos, IA de conocimiento interno para la base de legislación de un ministerio, o vigilancia regulatoria para una dirección general.